Movilidad interinstitucional como mecanismo de vinculación universidad-Estado en una universidad pública chilena

Antonia Amalet Carrasco Chavarría

Universidad de Chile

antonia.carrasco.c@uchile.cl

Resumen: En las discusiones recientes sobre el papel de las universidades públicas en la gestión de asuntos colectivos aparece con frecuencia la pregunta de qué manera las instituciones académicas se insertan en los circuitos de decisión del propio aparato estatal. El presente trabajo se sitúa en ese debate y examina la movilidad interinstitucional dentro del sector público como una forma posible de articulación entre universidades estatales y organismos gubernamentales. Bajo esta premisa, el desplazamiento temporal de funcionarios entre instituciones del mismo aparato administrativo adquiere un interés particular, pues abre espacios en los que el conocimiento académico y las prácticas de la gestión pública se encuentran de manera directa. La investigación se construye a partir del caso de la Universidad de Chile y del Programa CoLabora del Servicio Civil, que habilita el traslado temporal de funcionarios entre distintas entidades del Estado (incluidas universidades estatales) mediante mecanismos equivalentes a las denominadas comisiones de servicio. Desde un enfoque inspirado en la teoría de sistemas, la relación universidad-Estado se comprende como el encuentro entre órdenes comunicativos diferenciados. Metodológicamente se desarrolló un estudio de caso cualitativo que combinó análisis documental, observación participante y entrevistas semiestructuradas con académicos/as y responsables institucionales de vinculación con el medio, empleando procedimientos de codificación basados en la teoría fundamentada. Los resultados indican que la movilidad interinstitucional actualmente opera de manera contingente, sostenida en gran medida por voluntades individuales, marcos normativos aplicados de forma fragmentada y arreglos administrativos heterogéneos. Sin embargo, el análisis también permite advertir el potencial de este dispositivo para fortalecer formas de vinculación universitaria orientadas a la gestión pública y a la circulación de conocimiento entre academia y Estado. A partir de estos hallazgos se proponen lineamientos para un modelo de movilidad interinstitucional organizado en torno a un enfoque de capacidades TOPP (técnicas, operativas, políticas y prospectivas) y proyectado en seis áreas estratégicas de gestión.

Palabras clave: vinculación universitaria, movilidad interinstitucional, interfaz universidad-Estado, comisiones de servicio.

Introducción

En las discusiones sobre el rol de las universidades suele aparecer la misma preocupación: cómo responder a demandas cada vez más exigentes en medio de un escenario marcado por crisis y problemas perversos que se encadenan entre sí. La noción de policrisis intenta dar cuenta de ello, describiendo un contexto donde episodios sociales, ecológicos, económicos y sanitarios se superponen y refuerzan mutuamente, configurando un clima de hiper incertidumbre (Pharoah, 2024). En ese tipo de fenómenos, la confianza en soluciones puramente técnicas y lineales resulta limitada, pues los problemas se definen por múltiples interdependencias y desbordan con facilidad los marcos tradicionales. Se vuelve entonces imprescindible identificar mecanismos que posibiliten traducir y movilizar el conocimiento académico hacia la gestión pública, lo que pone en primer plano la pregunta por la interfaz entre universidades y Estado.

Dentro de este cuadro general se inscribe la promesa de la toma de decisiones basadas en evidencia. No obstante, la evidencia no circula de manera directa ni automática desde los espacios de producción hacia los espacios donde se decide. Estudios han mostrado cómo los procesos de producción, traducción y uso del conocimiento público se ven atravesados por asimetrías de poder, diferencias de lenguaje, desajustes entre temporalidades institucionales y diversas barreras organizacionales (Kirschke & Ksow, 2025; Alderman & Beck, 2025). El papel público de las universidades se ha nutrido, desde hace varias décadas, de nociones como extensión, Vinculación con el Medio (VcM), Responsabilidad Social Universitaria (RSU), tercera misión y public engagement (Vallaeys, 2008; Marquina & Reznik, 2024), que comparten la idea de que la legitimidad de la institución universitaria se juega en su capacidad de responder a desafíos sociales complejos mediante conocimiento pertinente y situado (Cortassa, 2018). En el caso chileno, la Ley 20.129 estableció desde 2006 la obligación de que las instituciones de educación superior cuenten con mecanismos formales de interacción bidireccional con actores sociales, públicos y privados, y a partir de 2018 la VcM fue incorporada como criterio obligatorio para la acreditación institucional. Sin embargo, la creación de estructuras formales, como vicerrectorías, direcciones y programas, no ha asegurado por sí sola una incidencia sostenida en políticas ni un tránsito claro hacia la transformación (Casas y Torralbo, 2023; Fleet et al., 2017; Rahmer, 2025).

En este marco, el estudio se centra en el Programa CoLabora del Servicio Civil, un dispositivo emergente que habilita la movilidad interinstitucional entre funcionarios del Estado chileno, incluyendo a quienes trabajan en universidades estatales. CoLabora es una iniciativa de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC) que opera en el marco de la Agenda de Modernización del Estado 2022-2026. Su base jurídica se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (DFL N°1/19653) y en el Estatuto Administrativo (Ley N°18.834), instrumentos que permiten mecanismos como la comisión de servicios y la destinación temporal de funcionarios públicos entre distintas entidades del Estado (DNSC, 2024a; DNSC, 2024b). El programa tiene cuatro objetivos estratégicos: movilizar conocimiento experto hacia problemas prioritarios del Estado; fortalecer capacidades estatales a través del aprendizaje colaborativo e intercambio de buenas prácticas; promover redes interinstitucionales que reduzcan el trabajo en silos y fomenten soluciones transversales; y consolidar una cultura de colaboración e innovación en la gestión pública.

Para ello, CoLabora opera mediante dos modalidades con una duración máxima de doce meses. La primera, denominada Colaboración Ágil, corresponde a proyectos de corta duración orientados a la resolución de problemas concretos, con una dedicación de entre una y cinco horas semanales, y se formaliza mediante acuerdos de entendimiento entre jefaturas directas amparados en el Principio de Coordinación y Colaboración de la Ley Orgánica de Bases. La segunda modalidad, Colaboración Flexible, está destinada a proyectos de mayor complejidad que buscan generar capacidades instaladas y aprendizajes institucionales sostenibles, con una dedicación de entre cinco y cuarenta y cuatro horas semanales; esta modalidad se concreta a través de una Comisión de Servicio, figura del Estatuto Administrativo que permite el traslado temporal de un funcionario a otra institución del Estado manteniendo su vínculo contractual con la entidad de origen. Un elemento central del diseño del programa es su Banco de Talento Público, un registro voluntario de funcionarios y funcionarias que ponen a disposición sus conocimientos técnicos y trayectorias laborales para ser convocados ante desafíos públicos específicos y temporales (CoLabora, s.f.).

La relevancia de CoLabora para las universidades estatales en Chile reside en un aspecto jurídico fundamental: la Ley N° 21.094 sobre Universidades del Estado establece que los académicos y funcionarios no académicos de estas instituciones tienen calidad de empleados públicos (Art. 42), lo que los hace elegibles para participar en las modalidades del programa. Esto significa que un académico o funcionaria de la Universidad de Chile puede ser comisionado/a para trabajar temporalmente en un ministerio, servicio público u otro organismo estatal, y viceversa, dentro de los marcos que habilita el Estatuto Administrativo. CoLabora transforma así lo que antes era una posibilidad jurídica subutilizada en un dispositivo con estructura, soporte técnico, plataforma digital y acompañamiento institucional, convirtiéndose en un observatorio privilegiado para comprender qué sucede cuando el conocimiento universitario intenta insertarse en la maquinaria estatal y cómo dicha interacción revela tensiones, posibilidades y límites de esta forma de colaboración.

A partir de este trasfondo, la investigación se organiza en torno a la siguiente pregunta guía: ¿Cómo puede diseñarse una propuesta de articulación entre las universidades estatales y el Estado, basada en las posibilidades de colaboración académica que ofrece la movilidad interinstitucional?

Desarrollo

Marco conceptual: sistemas, interfaz y articulación

La teoría de sistemas parte de que la sociedad no se compone de individuos ni de acciones, sino de comunicaciones: los sistemas sociales existen bajo la forma de redes autopoiéticas de comunicación que se diferencian del entorno mediante sus propias operaciones (Luhmann, 1996). Cada sistema es operacionalmente clausurado, las comunicaciones producidas remiten siempre a otras comunicaciones del mismo sistema, aunque esta clausura no significa aislamiento absoluto (Luhmann, 1998a). Los sistemas pueden establecer vínculos estables con su entorno mediante acoplamientos estructurales, aprovechando estructuras externas como condiciones habilitantes para sus propias operaciones, aunque siempre filtradas según su lógica interna (Luhmann, 1996). La universidad, en este marco, no es por sí misma un sistema funcional, sino una organización que experimenta tensiones vinculadas a varios sistemas (principalmente la educación y la ciencia) y que procesa las demandas del entorno estatal bajo sus propias premisas organizacionales (Labraña, 2022).

En el plano conceptual, este trabajo reserva el término articulación para un tipo de relación de carácter profundo y estable que implica que universidades y servicios públicos se ajusten de manera sostenida en sus procesos, capacidades y mecanismos de decisión para trabajar juntos en torno a problemas públicos (Raposo et al., 2004), a diferencia de la extensión, el vínculo puntual, la coordinación o la colaboración acotada a proyectos. La interfaz, por su parte, se entiende como un espacio de comunicación entre sistemas con lenguajes distintos pero mutuamente dependientes, donde la ciencia aporta evidencias y la política define prioridades, regula y financia (Sutherland et al., 2012; Rahmer, 2025). Rahmer (2025) subraya que la interfaz no debe entenderse únicamente como un mecanismo de transmisión de información, sino como un dispositivo con agencia política que organiza las condiciones mismas del encuentro entre sistemas, distribuye roles y ordena formas de poder. Desde esta perspectiva, la movilidad interinstitucional se examina aquí como un posible dispositivo de interfaz que puede favorecer acoplamientos más duraderos entre universidad y Estado, siempre que existan las condiciones normativas y organizacionales para sostenerlos.

Metodología

Se utilizó una metodología cualitativa con un diseño de estudio de caso único (Pérez-Luco et al., 2017), tomando como unidad de análisis el proceso de articulación institucional entre el Programa CoLabora y la Universidad de Chile. Dado que las investigaciones sobre este fenómeno son escasas y poco sistematizadas, el estudio se clasifica como exploratorio y aplicado (Batthyány et al., 2011). La muestra se definió a partir de dos grupos: encargados/as de Vinculación con el Medio por facultad (siete participantes, códigos EV) y académicos/as con trayectoria en incidencia pública y colaboración con organismos del Estado, identificados mediante muestreo por bola de nieve y distribuidos en las seis áreas del conocimiento según la clasificación de Frascati (diez participantes, códigos EA). Adicionalmente, se contó con funcionarios/as de gestión institucional y representantes del Programa CoLabora como informantes clave de corroboración.

La producción de información se apoyó en cuatro estrategias complementarias: análisis documental de normativas universitarias y del Servicio Civil; entrevistas exploratorias previas al trabajo de campo principal; observación participante en espacios vinculados a la colaboración Universidad-Estado, registrada en cuatro cuadernos de campo; y entrevistas semiestructuradas en profundidad. El análisis se llevó a cabo bajo los principios de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002), mediante codificación abierta, axial y selectiva, con apoyo del software ATLAS.ti (Version 25.0.1). La validez fue asegurada mediante triangulación hermenéutica (cruzando actores, técnicas y fuentes) y validación por juicio de expertos (Cisterna, 2005; Okuda y Gómez, 2005).

Resultados: la movilidad entre la normativa y la práctica

El análisis documental revela una coherencia normativa sólida pero una implementación discontinua. El Estatuto Universitario define a la Universidad de Chile como una institución pública del Estado con el deber de prestar servicios al Estado y asumir tareas que el país requiera (art. 5), y el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026 reitera esta identidad estatal promoviendo la integración entre docencia, investigación y extensión. Sin embargo, el contraste con los resultados empíricos evidencia una brecha persistente: los documentos operan como marcos de legitimidad simbólica para la colaboración, pero no como guías operativas que la hagan sostenible. El Reglamento sobre Comisiones del Personal, redactado en 1985, responde a una lógica de control jerárquico concebida para autorizar desplazamientos excepcionales más que para fomentar colaboración interinstitucional; su aplicación práctica es heterogénea y descentralizada, produciendo lo que los propios funcionarios describen como microgobiernos administrativos. A su vez, el Reglamento General de Carrera Académica, si bien incorpora criterios de impacto y colaboración en rúbricas recientes, mantiene una jerarquía que privilegia la investigación tradicional, dejando a los productos colaborativos (lineamientos, diagnósticos, prototipos de políticas, asesorías) en una zona gris de reconocimiento institucional. En conjunto, la normativa habilita la movilidad, pero no la gestiona; las políticas declaran el compromiso público, pero no lo operan.

Los cuadernos de campo permiten reconstruir la vida diaria de la colaboración: reuniones improvisadas que se vuelven hábito, correos que abren puertas, gestos mínimos de confianza entre equipos que no comparten la misma cultura organizacional. En los espacios observados vinculados directamente al Programa CoLabora coexistieron procedimientos formales, tales como autorizaciones, registros, actos administrativos; y micro prácticas flexibles como acuerdos verbales, correos directos entre jefaturas, coordinación por mensajería digital y ajustes de horarios. Estas prácticas permitieron sortear la rigidez burocrática, pero también revelaron una fuerte dependencia de voluntades individuales y la falta de un sistema común de gestión. Lo que los registros muestran es una articulación que se mantiene viva menos por la solidez del andamiaje normativo y más por la textura cotidiana de la relación: las prácticas van por delante y las normas corren detrás.

Las entrevistas permiten profundizar en tres dimensiones del fenómeno. La primera refiere al rol público universitario. La noción de rol público aparece ligada a una dimensión identitaria y ética más que a un listado de funciones formales: las personas entrevistadas lo describen como una obligación específica frente al Estado y la sociedad, resumida en la fórmula una universidad del Estado y para el Estado. La idea de apoyo al Estado no se asocia a subordinación burocrática, sino a cooperación interinstitucional fundada en el aprendizaje mutuo y la corresponsabilidad: Eso genera un win-win. A veces se critica que los académicos estamos encerrados en nuestra área, sin mirar los problemas del país. Trabajar en colaboración con instituciones nos permite salir de esa esfera y conectar con los desafíos reales (EA_ING). Sin embargo, los propios relatos reconocen este principio como una tarea siempre incompleta: mientras el discurso institucional subraya el compromiso público, las estructuras administrativas y los sistemas de evaluación no siempre lo facilitan ni reconocen, generando lo que los entrevistados describen como un delta entre la misión declarada y la práctica cotidiana.

La segunda dimensión refiere a las condiciones habilitantes y tensiones estructurales. Entre las condiciones que facilitan la colaboración se encuentran la existencia de un marco normativo que otorga legitimidad jurídica, una cultura institucional de trabajo conjunto sustentada en la confianza interpersonal, la presencia de capital humano altamente calificado y una infraestructura digital en proceso de integración. A estas fortalezas se suman oportunidades del entorno como la modernización de la gestión pública y la existencia de programas como CoLabora. Sin embargo, las tensiones son igualmente nítidas. La principal debilidad corresponde a la burocracia y lentitud administrativa: los procesos de autorización son percibidos como excesivamente rígidos y redundantes. Se observa además una gobernanza difusa, con descoordinación entre facultades y vicerrectorías y ausencia de estándares comunes. La consecuencia más visible es que quien toma la decisión es la autoridad. La persona que quiere ofrecer su colaboración lo hace dentro de una jornada; las autoridades tienen que decir 'sí'. Los primeros que tienen que estar 'arriba del proyecto' son las autoridades, que crean que esto agrega valor. No es solo dar: también recibir (EV_CS). A nivel externo, el desfase temporal entre los ritmos de la academia y la política constituye un obstáculo estructural: mientras la producción académica opera en ciclos largos, las políticas públicas requieren resultados inmediatos. Son colaboraciones sensibles al período político y a quién esté en el mandato. Dependemos de contrapartes técnicas e institucionales; y nosotros también somos una institución pública, con ciclos. Eso afecta la continuidad (EV_ING).

La tercera dimensión refiere a los intereses y motivaciones académicas. La categoría con mayor saturación es la vinculada a las motivaciones de carrera: la colaboración aparece principalmente como una estrategia para fortalecer la trayectoria universitaria, diversificar evidencias evaluables y sostener la productividad académica. La tensión estructural de fondo queda bien descrita en palabras de un académico: la gente está preocupada de hacer proyectos que vayan en ayuda del entorno. Eso es muy Universidad de Chile. Ahora, eso se ve modificado por los criterios científicos. Porque ese criterio, de que 'yo aporto a la sociedad', si no hay un producto científico, vale de poco para el sistema académico. [...] Si yo abandonara lo social y me dedicara a lo otro, sería exitoso. Para el sistema, soy reconocido. Hay que ser bien estratégico al final en dónde uno pone el tiempo (EA_AGR). A esta motivación central se suman otras que se articulan y superponen: el desarrollo profesional y formativo, los intereses epistémicos y disciplinares vinculados al acceso a datos y territorios de alto valor empírico, las motivaciones sociales y públicas, los intereses institucionales y estratégicos, y la construcción de redes de confianza con actores del Estado. El conjunto revela una tensión de diseño institucional: el sistema de incentivos universitarios y las métricas de evaluación no están alineados con la misión pública que la propia normativa universitaria consagra.

Discusión: micro acoplamientos, brecha de implementación y bidireccionalidad

Los hallazgos permiten situar la movilidad interinstitucional como un fenómeno que, leído desde la teoría de sistemas, expone con nitidez las condiciones bajo las cuales dos sistemas diferenciados intentan comunicarse. CoLabora introduce una irritación en el sistema universitario: un estímulo proveniente del entorno estatal que activa respuestas internas, pero que el sistema procesa bajo sus propias premisas organizacionales. Esa reconstrucción, autorreferente por definición, se materializa en cadenas de decisiones que traducen la colaboración en operaciones internas: trámites, firmas, controles, rutas administrativas que no siempre dialogan con el propósito del programa que les da origen. El resultado es una paradoja ya conocida en la teoría sistémica: aquellos procesos diseñados para habilitar el vínculo terminan oscureciendo parte de su sentido, o incluso transformándose en barreras adicionales para su despliegue. Lo que los datos revelan es una articulación sostenida actualmente en una serie de micro acoplamientos locales: cada unidad académica encuentra maneras propias de traducir las demandas estatales a sus procedimientos internos, pero estos arreglos son útiles para resolver casos puntuales y resultan insuficientes para consolidarse como premisas organizacionales duraderas.

Este hallazgo dialoga con la literatura sobre secondments y comisiones de servicio en otros contextos nacionales. Jenkins y Anstey (2017) han documentado cómo los secondments recíprocos entre departamentos gubernamentales y universidades contribuyen a un mayor uso de evidencia científica en la formulación de políticas, al tiempo que las universidades incorporan aprendizajes sobre dinámicas del sector público. La experiencia de los NSF rotators en Estados Unidos muestra que académicos comisionados a la National Science Foundation regresan a sus instituciones con una comprensión profunda de los procesos de financiamiento científico, lo que se traduce en capacidades reforzadas para el diseño de proyectos (Kolympiris et al., 2019). En el plano de los desafíos, la literatura es consistente con los hallazgos locales: la ausencia de planificación sistemática y criterios claros para definir resultados, la falta de nomenclaturas estandarizadas de registro, y los procesos de reintegración del personal comisionado sin dispositivos de acompañamiento institucional dificultan la justificación y escalamiento de estas iniciativas (Jenkins & Anstey, 2017; Badali & Housego, 2000).

Un elemento que merece discusión específica es la brecha de implementación sistémica. En el caso chileno, el sistema de acreditación ha forzado la institucionalización de la VcM como función universitaria obligatoria, pero sin modificar los sistemas de evaluación de la carrera académica que condicionan el comportamiento individual: la política manda colaborar, pero los incentivos individuales orientan hacia la publicación. CoLabora puede ser una herramienta de articulación potente solo si va acompañada de transformaciones en los mecanismos de reconocimiento de la carrera académica. En paralelo, la fragmentación de la gobernanza universitaria; la Universidad de Chile opera con 14 facultades y múltiples centros de decisión, dando espacio a un policentrismo decisional que vuelve más difícil la instalación de premisas organizacionales transversales. Sin embargo, los propios datos sugieren que esa misma trama organizacional puede operar como un recurso estratégico: los micro acoplamientos locales que actualmente sostienen la colaboración informal pueden ser el punto de partida para construir dispositivos institucionales más robustos, siempre que se localicen los nodos críticos y se creen capacidades de coordinación en ellos.

Finalmente, conviene subrayar un aspecto que suele quedar en segundo plano en las discusiones sobre articulación Universidad-Estado: la dirección del flujo del conocimiento. Los relatos de los actores entrevistados y las observaciones de campo muestran que cuando académicos/as colaboran con el Estado no solo transfieren conocimiento sino que también aprenden de los contextos reales, tensionan sus lógicas internas y redefinen su pertinencia social. Esta bidireccionalidad, consistente con lo que DelSesto et al. (2025) denominan colaboración transformadora, es uno de los argumentos más sólidos a favor de dispositivos de movilidad interinstitucional: la universidad no solo contribuye al Estado, sino que también se transforma en el proceso, lo que puede fortalecer la pertinencia y el arraigo territorial de la producción académica.

Propuesta: lineamientos para un modelo de movilidad interinstitucional

Sobre la base diagnóstica, se elabora una propuesta organizada bajo cuatro ejes y seis áreas de gestión. Los ejes adoptan el enfoque de capacidades TOPP (Técnicas, Operativas, Políticas y Prospectivas) utilizado en análisis de gobernanza pública contemporánea de la CEPAL (Salazar-Xirinachs y Boeninger, 2025), que permite ordenar las funciones institucionales como un conjunto de capacidades que deben operar de manera simultánea e interdependiente para que la colaboración con el Estado deje de depender exclusivamente de esfuerzos individuales y se convierta en parte estable de la operación universitaria.

La capacidad técnica (T) se orienta a institucionalizar la dimensión técnica de la movilidad: consolidar un sistema de gestión del conocimiento donde los productos derivados de comisiones y cometidos sean recogidos sistemáticamente, establecer estándares metodológicos mínimos para el diseño y ejecución de colaboraciones, y desarrollar formación permanente en habilidades de interfaz Universidad-Estado como escritura para política pública, análisis de datos administrativos y metodologías de innovación pública. La capacidad operativa (O) apunta a construir una infraestructura operativa unificada: definir un flujograma institucional mínimo de movilidad con etapas, responsables y tiempos máximos; crear un perfil de cargo técnico de movilidad que actúe como ventanilla única; y avanzar en la digitalización e integración de plataformas que generen datos sistemáticos para la evaluación institucional. La capacidad política (P) requiere formalizar la movilidad como política institucional mediante un comité interinstitucional permanente con mandato formal, un alineamiento normativo que integre la movilidad en el Reglamento General de Carrera Académica y la Política de VcM reconociendo los productos colaborativos como evidencia evaluable, y una estrategia comunicacional que visibilice los aportes de la movilidad y consolide confianzas con organismos públicos. La capacidad prospectiva (P) exige incorporar la movilidad en el Plan de Desarrollo Institucional y los planes de facultades, crear mecanismos sistemáticos de evaluación ex post de cada comisión, e instalar dispositivos de vigilancia de tendencias y análisis de escenarios que posicionen la movilidad como herramienta estratégica de aporte al país.

Estas cuatro capacidades deben materializarse en seis áreas estratégicas de gestión interconectadas: gestión de recursos, que aborda la disponibilidad real de personas, infraestructura, tecnologías y financiamiento; desarrollo de capacidades, orientado a preparar a los equipos para desempeñarse en entornos interinstitucionales mediante formación continua y mentoring; gestión del conocimiento, que convierte las experiencias individuales de movilidad en aprendizaje institucional a través de repositorios y comunidades de práctica; gestión de la comunicación, que asegura el flujo de información entre unidades internas, contrapartes públicas y actores externos; integridad y cumplimiento, que resguarda normas de ética, confidencialidad y propiedad intelectual; y gestión de resultados y evaluación, que permite identificar logros, obstáculos y caminos de mejora mediante marcos como el modelo CIPP y mecanismos de retroalimentación multi-actor.

La propuesta contempla además un flujograma institucional mínimo de ocho fases basado en las disposiciones del Estatuto Administrativo: (1) identificación de necesidades, (2) formulación de la colaboración, (3) publicación, selección y conformación de comités, (4) acto administrativo, para colaboraciones ágiles un correo de autorización; para colaboraciones flexibles se requiere una comisión de servicio con revisión de control de legalidad, (5) ejecución con inducción situada, (6) seguimiento con registro de avances, (7) evaluación de cumplimiento y aprendizajes, y (8) cierre con retorno administrativo formal. El modelo distingue actores obligatorios en cada fase, los funcionarios que realizan la movilidad, el equipo que convoca o recibe, las jefaturas directas e intermedias y las unidades de Gestión de Personas, y está concebido de modo que su implementación resulte compatible con la complejidad organizacional de una universidad pública, sin imponer una cadena de mando adicional sino proporcionando un mapa común que cada facultad puede adaptar a su propia organización interna.

Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación permiten responder la pregunta guía con una respuesta que es al mismo tiempo empírica y propositiva. La articulación entre las universidades estatales y el Estado basada en la movilidad interinstitucional es posible y ya se manifiesta en núcleos acotados, pero su consolidación como dispositivo institucional estable requiere condiciones que hoy no están completamente presentes. La distancia entre la gran cantidad de recursos, conocimientos y productos generados en las universidades y lo que realmente llega al sector público no se explica por una falta de interés de los actores involucrados, en ambos lados del vínculo se identifican experiencias y trayectorias que aspiran a una colaboración más intensa, sino por arreglos organizacionales, mecanismos administrativos y sistemas de incentivos que no están alineados con ese propósito.

El estudio muestra que la movilidad interinstitucional actualmente opera de manera contingente: sostenida en gran medida por voluntades individuales, marcos normativos aplicados de forma fragmentada y arreglos administrativos heterogéneos entre distintas unidades académicas y de gestión. Desde una perspectiva sistémica, la institución ha desarrollado sensibilidad hacia las demandas del Estado, produce micro acoplamientos locales que permiten que las colaboraciones ocurran, pero todavía no traduce esas irritaciones en premisas organizacionales duraderas que estabilicen el vínculo. El Programa CoLabora constituye una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección: provee el marco jurídico, el soporte tecnológico y la estructura programática que pueden transformar una práctica informal en un mecanismo institucionalizado. Sin embargo, su aprovechamiento pleno depende de que la universidad resuelva internamente sus propias tensiones de gobernanza: la fragmentación entre facultades, la ausencia de reconocimiento de las actividades de vinculación en la carrera académica, y la distancia entre el mandato público declarado y los incentivos reales que orientan el comportamiento institucional.

Una de las contribuciones más relevantes de este estudio para el campo de la gestión educacional es precisamente poner en evidencia esa brecha de implementación sistémica: la política universitaria manda colaborar con el Estado, pero el sistema de evaluación de la carrera académica orienta hacia la publicación. Resolver esta contradicción no es solo una cuestión administrativa sino una decisión de política universitaria que requiere liderazgo institucional, modificaciones normativas concretas y la construcción de nuevas métricas que hagan visible y evaluable el trabajo en la interfaz universidad-Estado. Los lineamientos propuestos en torno al enfoque TOPP buscan ofrecer un marco adaptable para enfrentar estos desafíos: no una receta única, sino un horizonte de trabajo que facilite su aplicación en distintos entornos institucionales.

En términos de limitaciones, el alcance del estudio estuvo condicionado por el carácter de caso único centrado en la Universidad de Chile, lo que restringe la extrapolación de los hallazgos a otras universidades estatales con arreglos organizacionales distintos. La mayoría de las personas entrevistadas provenía de espacios con experiencia previa o interés explícito en vinculación con el Estado, lo que puede haber dejado en segundo plano disciplinas y unidades con menor trayectoria en este campo. CoLabora es además un programa en despliegue cuyo proceso de consolidación aún está en curso, lo que implica que algunas de las tensiones identificadas pueden estar asociadas a esta etapa inicial. Las proyecciones más relevantes apuntan a ampliar el análisis a otras universidades estatales avanzando hacia un modelo articulador de alcance el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECh), desarrollar estudios longitudinales con indicadores de impacto y trazabilidad del conocimiento movilizado, incorporar la perspectiva del personal de colaboración no académico, y explorar la dirección inversa de la movilidad (funcionarios públicos que colaboran dentro de la universidad) para comprender con mayor precisión la bidireccionalidad de los flujos de conocimiento y capacidades entre ambas instituciones.

Este estudio apunta a que ser una universidad estatal con valor público implica asumir una responsabilidad activa en los procesos, y que por ende, no se limita a la formación ni a la producción académica. El desafío consiste en cuidar los espacios de colaboración existentes, reforzarlos y extraer aprendizajes de esa interfaz, de modo que la colaboración deje de funcionar como gesto excepcional o expresión de voluntades individuales y se convierta en una práctica instalada en el sistema estatal de educación superior, capaz de fortalecer la misión pública de las universidades estatales chilenas y contribuir a la construcción de un Estado que aprende con la academia y no solo de ella.

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