Descripción
En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (Ley 18.962), promulgada en 1990, constituyó una de las últimas disposiciones normativas de la dictadura militar. Su diseño careció de participación democrática y estableció un marco regulatorio que perduró por casi dos décadas. La norma se centró en definir requisitos mínimos de funcionamiento para las instituciones educación superior (IES), sin garantizar la calidad ni consagrar la educación pública como un derecho social. Uno de sus efectos más notorios fue la apertura a la mercantilización del sistema educativo, al permitir que diversos actores privados participaran en el mercado educacional. En este contexto, el Estado quedó relegado a un rol de supervisión con limitada capacidad de intervención, lo que evidenció debilidades regulatorias y generó tensiones entre el Estado y las instituciones de educación superior. En respuesta a estas limitaciones, se promulgó la Ley 20.129 (2006), que creó el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Esta ley introdujo cambios estructurales al establecer procesos de acreditación para instituciones, programas y carreras, incorporando además la evaluación de aspectos financieros. Posteriormente, en un contexto de movilizaciones estudiantiles, se promulgó la Ley General de Educación (Ley 20.370) (2009), que reemplazó a la LOCE y reconoció la educación de calidad como un derecho, promoviendo principios de equidad, inclusión y participación. Más adelante, la Ley 20.800 (2014) incorporó mecanismos para enfrentar crisis institucionales en educación superior mediante la creación de las figuras del administrador provisional y de cierre. Su aplicación derivó en el cierre de universidades y centros de formación técnica, evidenciando la fragilidad de algunos proyectos educativos. En 2016 se promulgó la Ley 20.903, que estableció la acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía con el objetivo de fortalecer la formación inicial docente. Entre sus efectos inmediatos se registró el cierre de programas universidades que no alcanzaron los estándares exigidos. Posteriormente, la Ley 21.091 (2018) profundizó este marco regulatorio al establecer la acreditación institucional obligatoria para todas las instituciones de educación superior, así como para programas de doctorado y carreras de medicina, odontología y pedagogía. Ese mismo año, la Ley 21.094 introdujo cambios en el régimen de las universidades estatales, obligándolas a revisar sus estatutos, redefinir sus planes de desarrollo estratégico e incorporar mecanismos de financiamiento vinculados a la gratuidad. Finalmente, la Ley 21.369 (2021) estableció un marco para prevenir, investigar y sancionar el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. En conjunto, esta ponencia dispone el análisis del proceso de certificación de IES, considerando los instrumentos vigentes y el tránsito desde un modelo desregulado y orientado al mercado hacia un esquema regulatorio más complejo, basado en mecanismos de aseguramiento de la calidad y mayores exigencias.
POLÍTICA, CALIDAD, EDUCACIÓN
Palabras clave:
Política, educación, regulación, calidad
