Descripción
La relación entre evidencia empírica, regulación normativa y producción de política académica en el ámbito de la UNC se configura como un eje estratégico para la gestión académica en el marco de procesos democráticos y colaborativos. En un contexto de expansión sostenida de la oferta formativa, particularmente a partir del escenario pospandemia, se evidenció la diversificación de propuestas, la ausencia de criterios homogéneos y la dispersión de formatos, denominaciones y procedimientos, lo que dificulta su clasificación, registro y evaluación en términos de relevancia académica, coherencia interna y adecuación a demandas sociales. La ponencia se inscribe en el Centro de Innovación y Fortalecimiento Académico de la Educación Superior, perteneciente a la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC (CIFAES), y analiza el vínculo entre evidencia empírica y producción normativa en la universidad. El trabajo muestra que los procesos de modificación normativa pueden sustentarse en análisis sistemáticos de información y en la construcción de acuerdos institucionales en instancias colectivas de deliberación, en contraste con prácticas regulatorias apoyadas exclusivamente en decisiones coyunturales sin base empírica. El abordaje metodológico combinó, por un lado, el análisis comparativo de normativas sobre diplomaturas en universidades nacionales y, por otro, el relevamiento de las diplomaturas y otras propuestas formativas desarrolladas en la UNC. Este trabajo permitió identificar el crecimiento sostenido de la oferta, así como una marcada heterogeneidad en denominaciones, requisitos de ingreso, duración, evaluación y certificación, junto con la existencia de trayectos no regulados y sin criterios comunes de organización. El relevamiento realizado en la UNC evidenció un crecimiento sostenido de la oferta, que pasó de 11 diplomaturas en 2018 a 44 en 2022 y 48 en 2023, totalizando 126 propuestas en el período 2018-2023. A partir de este diagnóstico y de la proyección de la demanda, se impulsaron procesos de discusión institucional que derivaron, en 2024, en la modificación de la reglamentación de las diplomaturas universitarias y, en 2025, en la aprobación del sistema de Estudios Propios, estableciendo un marco institucional para ordenar, clasificar y reconocer estas propuestas formativas, incluidas las microcredenciales. La expansión de la oferta sin intervención ministerial pone en evidencia una tensión entre la dinámica de generación de propuestas y la capacidad institucional de producir marcos de decisión consistentes. La evidencia adquiere así un valor político al permitir visibilizar regularidades, delimitar problemas comunes y sostener procesos de deliberación informada. Lejos de operar como un insumo neutro o meramente técnico, la evidencia adquiere valor político en tanto permite hacer visible aquello que de otro modo permanece disperso, comparar situaciones, identificar regularidades y delimitar problemas comunes sobre los cuales deliberar. Pero su productividad no radica en ofrecer respuestas automáticas, sino en habilitar un terreno compartido para la discusión institucional, evitando tanto la captura tecnocrática de la decisión como su reducción a definiciones coyunturales o meramente voluntaristas. La política académica basada en evidencia no reemplaza la deliberación, sino que se fortalece al dotar a la regulación de mayor trazabilidad y capacidad de orientación en contextos de alta complejidad.
Palabras clave:
POLÍTICA ACADÉMICA, EVIDENCIA,ESTUDIOS PROPIOS, DIPLOMATURAS
