Descripción
A partir del reconocimiento de nuevos derechos a nivel nacional y del accionar de demandas por parte de los movimientos sexogenericos, desde 2015, las universidades nacionales y provinciales han desplegado diferentes dispositivos para la implementación de políticas de género. Inicialmente, las áreas de género se abocaron al abordaje de las violencias y en su transcurrir han asumido tareas vinculadas a políticas de igualdad tales como el respeto de la identidad de género, la formación en Ley Micaela, consejerías en salud sexual y reproductiva, cupo laboral trans, lenguaje inclusivo, entre otras. La experiencia institucional evidencia que los dispositivos universitarios creados para abordar específicamente violencias de género tienden a convertirse en espacios de recepción de demandas más amplias vinculadas a la convivencia, los conflictos institucionales y distintos tipos de malestar dentro de la comunidad educativa. El objetivo de este trabajo es entonces analizar cómo dichos espacios se transforman progresivamente en dispositivos institucionales de escucha que reciben y canalizan consultas heterogéneas, muchas de ellas no estrictamente vinculadas a la violencia de género. Metodológicamente, el trabajo se basa en el análisis de la experiencia institucional del Comité Interdisciplinario contra las Violencias de Género de la UNTREF a partir del registro sistemático de consultas recibidas desde su creación, así como en la revisión de informes interuniversitarios. Desde su creación, el Comité ha recibido en promedio 64,5 consultas anuales. Si se toman solamente las consultas relacionadas con la atención y lo que consideramos casos -situaciones expuestas en primera persona por parte de cualquier miembro de la universidad-, de un total de 200, aproximadamente la mitad puede ser calificados como situaciones de violencia de género, mientras que el resto corresponde a problemáticas diversas tales como conflictos interpersonales, situaciones de violencia laboral o institucional, malestares emocionales, situaciones vinculadas a salud mental, discapacidad o dificultades en la convivencia académica y laboral. Este fenómeno coincide con tendencias observadas en otras universidades nacionales: un informe de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (RUGE, 2025) señala que los equipos responsables de los protocolos suelen intervenir también en conflictos convivenciales, situaciones de violencia laboral o institucional y problemáticas vinculadas a salud mental o consumos problemáticos. Estos procesos se inscriben en prácticas universitarias atravesadas por múltiples relaciones de poder, donde el género constituye un eje relevante pero no exclusivo de desigualdad, junto con otras dimensiones como clase, edad, etnia o discapacidad. En este contexto, los espacios de atención de violencias de género tienden a funcionar como dispositivos institucionales de escucha frente a diferentes formas de malestar que afectan las trayectorias educativas y las relaciones dentro de la comunidad universitaria. El análisis permite reflexionar sobre la necesidad de fortalecer dispositivos institucionales que articulen la atención de violencias de género con políticas más amplias de convivencia y bienestar universitario atendiendo a los límites institucionales que tienen las universidades. Al mismo tiempo, se pretende considerar modalidades de trabajo que no invisibilicen los objetivos para los que fueron creados.
Palabras clave:
Conflictos- convivencia- dispositivos de atención
