Descripción
Esta ponencia analiza la reforma universitaria peruana de 2014 (Ley N.° 30220) y su posterior contrarreforma (2021-2022), proponiendo interpretarlas como intervenciones estatales que reordenan y estabilizan un sistema de educación superior previamente estructurado en torno al sector privado. A partir de este caso, el trabajo busca contribuir al debate sobre los alcances y límites del Estado regulador en contextos de privatización consolidada.
El punto de partida es que el sistema universitario peruano no es homogéneo, sino segmentado en tres espacios: universidades públicas progresivamente debilitadas, universidades privadas asociativas de élite y, principalmente, universidades privadas de carácter empresarial orientadas a la masificación. En este contexto, la expansión del acceso a la educación superior en las últimas décadas ha sido impulsada fundamentalmente por este último segmento, que concentra a la mayor parte de la población estudiantil.
Sobre esta base, se examinan los efectos de la reforma de 2014. La introducción del licenciamiento institucional, junto con medidas como la ley de moratoria en la creación de nuevas universidades y filiales, permitió establecer estándares mínimos de funcionamiento y excluir a instituciones que no cumplían condiciones básicas. Sin embargo, estos mecanismos no alteraron la estructura general del sistema, sino que operaron selectivamente sobre sus segmentos más débiles, reduciendo la dispersión de la oferta y favoreciendo a instituciones privadas con mayor capacidad organizativa, financiera y de escala.
Como resultado, la expansión del sistema tiende a concentrarse en universidades privadas empresariales que operan con modelos intensivos en matrícula, alta dependencia de docencia contratada y limitada inversión en investigación. En este marco, la mejora de estándares formales no se traduce necesariamente en una transformación sustantiva de la formación universitaria, sino en la consolidación de una oferta orientada a la certificación profesional. Esto sugiere la existencia de tensiones estructurales entre los incentivos propios de este modelo de provisión y ciertos objetivos públicos de la educación superior, particularmente en lo relativo a la producción de conocimiento y la calidad académica.
Así, el rol del Estado en este proceso ha sido activo pero acotado, operando principalmente como un dispositivo de estabilización de un mercado educativo previamente liberalizado, a través de mecanismos de regulación y supervisión. En este contexto, la contrarreforma reciente no constituye una ruptura, sino una reconfiguración de ese mismo esquema. Al modificar la gobernanza del sistema de aseguramiento de la calidad, reduce la autonomía del regulador y flexibiliza ciertos mecanismos de control, sin alterar la centralidad de los actores privados.
El trabajo sostiene que, en sistemas de educación superior estructuralmente privatizados, la regulación estatal puede mejorar estándares mínimos y ordenar el funcionamiento del mercado, pero enfrenta límites para transformar los resultados derivados de los incentivos propios de la provisión privada masiva, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de este tipo de arreglos institucionales para cumplir con ciertos objetivos públicos de la educación superior.
Palabras clave:
Universidad, reforma universitaria peruana, privatizacion, regulacion
